México | 2024-07-23
Aunque dicen que en corto Rocío Nahle habla pestes del gobernador Cuitláhuac García, algunos dudan, sin embargo, que la gobernadora electa vaya a proceder penalmente en contra de su antecesor. Y no porque no existan elementos suficientes para hacerlo comparecer ante la ley, sino por la protección política que aún le seguirían dando al mandatario veracruzano desde Palacio Nacional.
Empero el blindaje de García Jiménez no alcanzará para encubrir a los funcionarios consentidos de su primer círculo que abusaron de su confianza y del poder. Principalmente aquellos que difícilmente podrían explicar la disparada evolución de su situación patrimonial, incongruente con los austeros sueldos que percibieron en los últimos cinco años.
Uno de los clanes que se empoderaron en el cuitlahuismo es el de las hermanas García Cayetano, al que íntimamente está ligado Elio Hernández Gutiérrez, titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), esposo de Ailett, quien al inicio de esta administración estatal, como directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, llevó el caso del presunto fraude impune de las cámaras de videovigilancia que en la pasada campaña electoral le reabrieron al ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes. No obstante, en julio de 2020, a propuesta de García Jiménez, el Congreso local la nombró magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde ha sido señalada de presumibles actos de cohecho.
Operadores políticos de Nahle, como el recién electo diputado local por el distrito de Cosoleacaque, Esteban Bautista, recibió denuncias de corrupción en contra del esposo de Aileth. En junio de 2023, como diputado federal, encabezó una reunión en el sur del estado con los alcaldes de Tatahuicapan, Pajapan y Mecayapan que, acompañados de cientos de ciudadanos, acusaron a la dependencia de Hernández Gutiérrez del retraso y pésima calidad de las obras, así como de la sospechosa asignación de contratos.
Los transportistas, por ejemplo, denunciaron el deficiente trabajo realizado en la pavimentación del camino Tonalapan-Huazuntlan-Tatahuicapan, del Km 0+000 al Km 12+230, con un monto cercano a los 80 millones de pesos y que a menos de un año ya presentaba grietas, por lo que exigieron su reparación. También mencionaron otros caminos vecinales que seguían inconclusos o que de plano fueron abandonados por las empresas constructoras contratadas por la SIOP.
El diputado Bautista les dijo que "el hecho de que seamos parte de este gobierno de la Cuarta Transformación, no vamos a tolerar esa red de corrupción que existe en la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, que simulan contratos y mandan a sus empresas a construir porquerías de obra en la zona".
En febrero pasado, ciudadanos de Pajapan se negaron a firmar la entrega-recepción de la cuarta etapa del tramo carretero a Cerritos, obra asignada a la empresa Consultores en Ingeniería de Xalapa S. A. de C.V. mediante el contrato SIOP-OP-PF-011/2023-DGCCYCE por un monto de 21 millones de pesos, pero la cual pretendía cobrar 9.4 millones más sin justificar su aplicación.
El 8 de diciembre de 2023, el diputado Bautista había encarado al representante de la empresa por su trabajo de pésima calidad.