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Urge que Veracruz atienda recomendación de la Segob: Mónica Robles
 
 
El estado de Veracruz está en tiempo para cumplir las recomendaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), respecto a la solicitud de alerta por agravio comparado, que tiene como objetivo evitar muertes de mujeres a las que, por desconocimiento de los servidores públicos, y por un marco , legal restrictivo no se les permite la interrupción legal del embarazo en casos de estar en riesgo su salud o aun en casos de violación, pese a que la ley contempla dicha excepción
Coatzacoalcos - 2017-06-15 21:31:57 - Heder López Cabrera / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO
 
 
Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-06-15-21:34:17 Coatzacoalcos Mónica Robles, integrante del Frente Veracruzano por los derechos y la Salud Reproductiva de las Mujeres
El estado de Veracruz está en tiempo para cumplir las recomendaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), respecto a la solicitud de alerta por agravio comparado, que tiene como objetivo evitar muertes de mujeres a las que, por desconocimiento de los servidores públicos, y por un marco , legal restrictivo no se les permite la interrupción legal del embarazo en casos de estar en riesgo su salud o aun en casos de violación, pese a que la ley contempla dicha excepción.

Lo anterior lo dio a conocer Mónica Robles, integrante del Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos Humanos de las Mujeres, tras la reunión de la Mesa Interinstitucional para prevenir la Violencia de Género, en la que el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró que al gobierno estatal aún le restan cuatro meses para dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas.

Ya que en el 2016 hubo más de 400 denuncias por violación, que representa el 10 por ciento de este acto delictivo, es necesario reformar el Código Penal debido a que personal de las instituciones de salud se niegan a apoyar la interrupción legal del embarazo aún en caso de violación, además hace evidente la falta de capacitación y sensibilidad por parte de los funcionarios que intervienen en estos casos como lo son la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, el Poder Judicial y la misma Secretaría de Salud.

“Lo que se busca es que las mujeres no mueran porque no se permite la interrupción legal del embarazo en casos en que está en riesgo sus vidas o por violación, ya que en el estado no se está dando el servicio, aun cuando lo deberían de proporcionar por ley… hay una falta de capacitación, de información y de sensibilización al estigmatizar por parte de la población y los servidores públicos el aborto como un delito sin considerar las circunstancias de ese embarazo y las circunstancias particulares que llevaron a la mujer a tomar la decisión de interrumpirlo”, externó la exlegisladora.


¿QUÉ DICE LA NORMA 046?

De acuerdo la Norma Oficial Mexicana 046 Violencia Familiar y Sexual en contra de las Mujeres, el Sistema Nacional de Salud debe crear programas de atención y prevención para el personal que está encargado de brindar atención a las víctimas de violencia familiar y sexual, para garantizar la interrupción legal del embarazo en beneficio de la integridad de las mujeres.

Dicha norma creada en 1999 y modificada en 2016 autoriza la interrupción del embarazo en caso de violación sin necesidad de presentar un autorización judicial, sino una declaración realizada bajo protesta de decir verdad, parte que corresponde a las autoridades judiciales, para así canalizar de inmediato a las instancias de salud, donde el personal no puede condicionar la prestación del servicio con la presentación de una denuncia.

Esta norma también faculta a las menores de 12 años a realizarse la interrupción del embarazo bajo esta situación, sin embargo, deben acudir acompañadas por uno de los padres o el tutor sin que se les exija una orden judicial.


GRUPOS ANTIDERECHOS EJERCEN PRESIÓN

Cabe resaltar que desde la anterior legislatura la presión de los grupos sociales y religiosos que han mostrado su desacuerdo ha hecho efecto en la aplicación de políticas públicas respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, lo que ha derivado en la criminalización del aborto aun en casos de violación.

“Sin duda hay grupos que presionan para que se no se aplique la ley que ya está vigente en el estado y no se garantice este derecho de las mujeres en las causales que está permitido, como en el caso de violación; la presión de grupos antiderechos que ejerce en las autoridades va en contra de la salud y la vida de las mujeres, porque hace que el Estado no brinde los servicios de interrupción legal del embarazo en caso de que la vida esté en peligro o de un abuso”, recalcó la también presidenta de la asociación civil Integra.

El cumplir las recomendaciones de la Segob garantiza el derecho a la vida de las mujeres, lo cual debe traducirse en un mejor protocolo de atención de víctimas que evite la criminalización, por lo que es necesaria una reforma al Código Penal que defienda la salud reproductiva de éstas.

 

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