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Sudán cancela ejecución de mujer por dejar el islam
 
 
Una mujer cristiana que hace tres semanas fue condenada a recibir 100 latigazos y a morir en la horca por abandonar el islam, sería liberada en los próximos días, anunciaron ayer funcionarios de Sudán
Madrid - 2014-06-01 11:49:57 - Notimex/El Universal / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO
 
La condena de Mariam Yahia Ibrahim Ishag, de 27 años, es anticonstitucional porque la Carta Magna de Sudán garantiza la libertad religiosa y el gobierno está comprometido a protegerla, indicó ayer el Ministerio de Asuntos Exteriores del país. Ibrahim, quien dio a luz a su bebé esta semana en la cárcel de Omdurman, fue sentenciada hace tres semanas por una corte de Jartum a recibir 100 latigazos y a morir en la horca por adulterio y apostasía, tras casarse con un cristiano y negarse a volver al islam.

El Poder Judicial y el Ministerio de Justicia emprenderán un procedimiento legal que permitirá la liberación de Ibrahim, según sostuvieron las fuentes de la cancillería sin dar mayores detalles, de acuerdo con un reporte del portal de noticias Sudan Tribune.

El abogado de la mujer, quien está casada con un ciudadano estadounidense, tomó nota de la noticia, aunque afirmó que la decisión final está en manos de la Corte de Apelaciones, donde interpuso un recurso contra la sentencia.

El litigante se dijo pesimista y calificó la declaración como un intento por desviar la cobertura internacional del caso, más que como una genuina reflexión de las autoridades. Un jurista consultado por Sudan Tribune explicó que la ley bajo la cual la mujer cristiana fue condenada contraviene tanto la Constitución provisional de 2005 como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que el país ratificó hace 20 años.

El Pacto garantiza que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Este derecho comprende la libertad de tener o adoptar la religión o las creencias de su elección, y la libertad, individual o colectiva, pública o privada, de manifestarlo”.

Además, subraya que “nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar esta libertad, que puede estar sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos”.

El jurista Faisal Abdelrahman Taha sostuvo que el gobierno nunca expresó ninguna reserva a cualquiera de las disposiciones del Pacto cuando se adhirió a él.

 

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