martes, 18 de septiembre del 2018
 
Xalapa
Se podría proceder contra diputados del PRI-PAN
Xalapa | 2018-07-11 | Jesús Ruiz
/ GUADALUPE OSORNO MALDONADO- FOTO IMAGEN DEL GOLFO

En caso de que el PRI y el PAN continúen oponiéndose a acatar la orden de un juez  federal para legislar y permitir la Interrupción Legal del Embarazo modificando el Código Penal del Estado, estarían creando condiciones para que se proceda hasta penalmente en contra de 4 integrantes de sus fracciones.


Lo anterior lo evidenció en entrevista la diputada local de Morena, Guadalupe Osorno Maldonado.

La legisladora detalló que los panistas y priístas más afectados serían el diputado del PAN, Gregorio Murillo Uscanga, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, así como vocal de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales.

Además, el diputado panista Bingen Rementería Molina, presidente de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales y la legisladora del PAN, Teresita Zuccolotto Feito, presidenta de la comisión para la Igualdad de Género.

Se trata de los tres presidentes de las comisiones que estaban encargadas de acatar las recomendaciones de la Alertad de Violencia de Género (AVG) por Agravio Comparado para cambiar el Código Penal y permitir la ILE, incluso antes de que se decretara formalmente este mecanismo.




En el mismo riesgo, añadió la legisladora de Morena, se encuentra el diputado del PRI, Carlos Antonio Morales Guevara, quien junto con los tres diputados panistas rechazó dictaminar en favor de reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal del Estado.

La diputada reconoció que la reciente sentencia de un juez federal mandata al Congreso a legislar para garantizar a las mujeres y niñas el acceso efectivo a servicios de interrupción del embarazo en Veracruz.

No obstante, recordó que es por dichos diputados que la Legislatura no cumplió con las recomendaciones previas a la declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, de ahí que esta fue decretada el 13 de diciembre de 2017 por la CONAVIM.

Por lo anterior el juez consideró que al no reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal del Estado, que consideran el aborto como un delito, se violentaron los derechos de las mujeres a no ser discriminadas, a sus derechos sexuales y reproductivos, a la salud, a la dignidad y al desarrollo de la personalidad.

Igualmente se violentaron diversos preceptos constitucionales, así como tratados en materia de derechos humanos ratificados por México, pues en conjunto los tres diputados del PAN y el del PRI declararon improcedente dictaminar en sentido positivo la iniciativa con proyecto de decreto que reformaba los artículos del Código Penal, que en su momento fue impulsada por la diputada de Morena, Tanya Carola Viveros Cházaro, de quien Osorno Malodano es suplente. 

Dicho proyecto en sentido improcedente se avaló en la sesión del 28 de septiembre de 2017 con apenas 24 votos a favor, en medio de diversas irregularidades, recordó la morenista.

“En este caso hora con la resolución de un juez mediante un amparo no nada más es la cuestión de un incumplimiento del compromiso de la Alerta de Violencia de Género, estamos hablando de una obligación por orden judicial y en caso de que no se siga está el delito de desacato a órdenes judiciales que incluso pueden llegar a ser penales.

“Respecto a quienes serían los responsables, según viene en el amparo, está marcada a la LXIV Legislatura. Sin embargo, recordemos que este incumplimiento también puede ser dado en diferentes niveles, ya que hay responsabilidad desde haber o no votado a favor de un dictamen, ir en contra de la iniciativa, hasta no haberla presentado como se pidió si el compromiso era hacerlo, además de dictaminarla de forma irregular”, sostuvo.

La legisladora planteó que con este contexto podrían generarse sanciones penales, luego de que se anunció por parte del coordinador del PAN y presidente de la JUCOPO, Sergio Hernández, que es factible un interponer un recurso de revisión a la sentencia del juez que pide al Congreso legislar para permitir la interrupción legal del embarazo hasta antes del 31 de julio.

Osorno Maldonado reiteró que luego de que se decretó la AVG el documento marca específicamente quiénes fueron los responsables de incurrir en la omisión legislativa, es decir quienes dictaminaron en sentido improcedente este tema, tratándose de Murillo Uscanga, Rementería Molina, Zuccolotto Feito y Morales Guevara.

Finalmente, la diputada local de Morena recordó que a la sesión de comisiones para declarar como improcedente el dictamen a favor de la Interrupción Legal del Embarazo no acudió el diputado morenista Amado Cruz, vocal de la comisión de Derechos Humanos.

Tampoco lo hizo la diputada morenista Lourdes García, secretaria de la comisión de Derechos Humanos, ya que los primeros mostraron su inconformidad por la forma en que procedieron los presidentes de las tres comisiones responsables de integrar el dictamen.

Por su parte la diputada del PRI, Janeth García Cruz, tampoco acudió a la sesión de comisiones, en donde se determinó ir en contra de la recomendación de la CONAVIM.

“Después el dictamen (elaborado el 22 de septiembre de 2017) se aprobó en una sesión convocada de manera irregular, ya que se convocó por parte de la Diputación permanente (el 19 de septiembre de 2017) que rompió quórum el día que se registró el temblor.

“Es decir que se constituyó de manera irregular la diputación permanente con sobrerrepresentación del PAN para poder convocar a la sesión extraordinaria el 28 de septiembre, en donde se avaló el dictamen en contra de la modificación del Código Penal”, refirió Osorno Maldonado.

Así, la legisladora comentó que conforme vaya avanzando el recurso de revisión que proyecta la mayoría en el Congreso al amparo otorgado por el juez se deberá de dar seguimiento a los procesos judiciales que puedan surgir, para conocer la forma en que se deslinda la responsabilidad de cada uno de los involucrados dentro de la LXIV Legislatura.

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