jueves, 13 de diciembre del 2018
 
Xalapa
'Yunes dejó escapar a duartistas; privilegió show y pacto con Edel'
Xalapa | 2018-12-06 | Leticia Cruz
/ JOSÉ LLANES GIL DEL ÁNGEL - FOTO TOMADA DE LA WEB

La excarcelación de funcionarios de Veracruz se explica como mal actuar de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, quienes, de entrada, no debieron pedir prisión preventiva oficiosa, para los duartistas, manifestó en un puntualizado el abogado José Llanes Gil del Ángel. Y es que la Fiscalía nunca demostró el porqué era precisa la detención-cárcel para tales individuos.


El jurista explicó, punto por punto, el andamiaje legal y concluye  que el gobierno de Yunes Linares apostó a “la sumisión del Poder Judicial en manos de Edel Álvarez Peña, para operar la prisión preventiva necesaria. Los jueces de Pacho Viejo, relevaron a la Fiscalía General del Estado de la obligación de demostrar la necesidad de la prisión preventiva (insisto, en aquellos casos en los que no aplicaba la prisión preventiva oficiosa). Sabían que las medidas cautelares impuestas no resistirían el examen del Poder Judicial Federal. La pretensión era, por supuesto, obtener el beneficio mediático y electoral inmediato, aunque, a la postre, los juicios de amparo progresaran”.

Sin embargo,  ante el recién iniciado gobierno del estado de Veracruz, el Partido Acción Nacional (PAN) pretende, advierte el jurista, hacer creer a la opinión pública que es responsabilidad de la administración de Cuitláhuac García Jiménez, la liberación de los ex funcionarios duartistas.

 

ANECEDENTES JURÍDICOS: MAYL Y WINCKLER ACTUARON MAL




 

El abogado Juan José Llanes Gil del Ángel difundió su puntual análisis jurídico, en donde desmenuza que :

  1. El nuevo sistema de Justicia Penal define aquellos delitos de “prisión preventiva oficiosa”. El Artículo 19 de la Constitución Federal (reformado en 2011) dispone que las personas acusadas de “… delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud...” una vez que han sido acusadas de ello, deberán seguir el proceso en detención.

 

  1. La prisión preventiva -de acuerdo con el mismo dispositivo constitucional- persigue fines muy específicos: garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. Esto es: puede haber personas que no hayan sido acusadas de los delitos descritos anteriormente, sino de otro(s), y que sea necesario garantizar su comparecencia en el proceso, el desarrollo de la investigación, etc. Entonces, es viable decretar la prisión preventiva, que ya no será oficiosa sino “necesaria”.

 

  1. En cualquier caso, la imposición de la prisión preventiva debe seguir los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: no deben influir ni el tipo ni la gravedad del delito imputado, porque ello contraviene lo dispuesto en el artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en la parte que interesa dispone que “toda persona detenida o retenida… tendrá derecho… a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso”.

El primer criterio rector de la Corte, fue establecido desde 1997 al resolver el Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, en cuya sentencia la CIHDH delineó que no se puede limitar el derecho a la libertad personal del que goza todo ser humano, solo “en virtud del delito imputado en su contra”.

También está el criterio emanado de la CIDH al resolver el Caso López Álvarez vs. Honduras, en donde dicho Tribunal estableció que las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva, dado que la prisión preventiva es una medida cautelar y no punitiva. Dicho criterio fue reiterado por la CIDH en el Caso Bayarri vs. Argentina.

 

  1. En los casos en los que los delitos imputados no son de prisión preventiva oficiosa corresponde a la Fiscalía DEMOSTRAR la necesidad de la medida y el porqué cualquier otra no sería suficiente. El Código Nacional de Procedimientos Penales ofrece un catálogo extenso (artículo 155) de medidas cautelares: presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe, exhibición de una garantía económica; embargo de bienes; inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero; prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez; sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada; prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares; prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa; separación inmediata del domicilio; suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos; suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral; colocación de localizadores electrónicos; resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, y -en último lugar- la prisión preventiva, bajo el criterio de “mínima intervención”.

 

  1. Un servidor, en los escenarios en que me ha permitido la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA) expresar mis puntos de vista, ha sostenido -desde hace mucho tiempo- que el catálogo de delitos llamados “de prisión preventiva oficiosa” que prevé el Artículo 19 constitucional, es limitado. Que debiesen incluirse los delitos de servidores públicos. Entiendo que, ahora, el actual Presidente de la República ha anunciado que serán incluidos. Celebro que se recoja ese sentir de la sociedad civil.

 

  1. Para cuando Miguel Ángel Yunes arriba al poder (2016), todo ese andamiaje legal y jurisprudencial YA EXISTÍA. Debían conocerlo él y, sobre todo el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler. Cuando decidieron que los funcionarios del duartismo debían ser castigados por su corrupción, los delitos a imputarles (a algunos de ellos) no eran de los contemplados como de prisión preventiva oficiosa.

 

  1. Apostaron a la sumisión del Poder Judicial en manos de Edel Álvarez Peña, para operar la prisión preventiva necesaria. Los jueces Pacho Viejo, relevaron a la Fiscalía General del Estado de la obligación de DEMOSTRAR la necesidad de la prisión preventiva (insisto, en aquellos casos en los que no aplicaba la prisión preventiva oficiosa). SABÍAN que las medidas cautelares impuestas no resistirían el examen del Poder Judicial Federal. La pretensión era, por supuesto, obtener el beneficio mediático y electoral INMEDIATO, aunque, a la postre, los juicios de amparo progresaran.

 

  1. La libertad de personas por cambio de medida cautelar no las exonera: siguen sujetos a juicio y, eventualmente, podrían ser sentenciados. Sin embargo, el Partido Acción Nacional (apostándole, como siempre, a la ignorancia colectiva), en voz de su dirigente interino estatal, Omar Miranda Romero, pretende que el PREDECIBLE cambio de medida cautelar sea fruto de “pactos” con el gobierno actual. “Y lo peor es que habrá quien les crea”, concluye Llanes Gil del Ángel.
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