miércoles, 16 de enero del 2019
 
Veracruz - Boca del Río
En riesgo, aplicación de la justicia en contra de Yunes Linares
Veracruz | 2019-01-04 | Silverio Quevedo
/ MAYL

Al menos dos meses antes de tomar posesión, el 1 de diciembre, el nuevo gobierno que encabeza Cuitláhuac García Jiménez inició una campaña para exigir que por su pésimo trabajo al frente de la Fiscalía General del Estado y por su actuar imparcial, el titular Jorge Winckler Ortiz debería dejar el cargo de esa dependencia.


Hasta el 7 de diciembre, según declaraciones del presidente de la Mesa directiva del Congreso del Estado, José Manuel Pozos Castro, se había dado entrada a siete denuncias directas de juicio político contra el abogado, oriundo de Oaxaca.

Según fuentes extraoficiales, esta campaña contra Jorge Winckler y a la que se incluyó al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña para demandar también su salida, como los dos artífices que han manejado a su antojo la procuración y aplicación de la justicia en Veracruz, se ha convertido en una “cortina de humo” para favorecer al exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, al que se debería enjuiciar por una serie de presuntos delitos cometidos durante su administración.

No obstante, se ha centrado la “caballería” en torno a Winckler y al propio Edel, además de que se han ido acumulando una y otra solicitud de juicio político sin que estos caminen con claridad para derivar en la dimisión forzada del titular de la Fiscalía, dando tiempo a Yunes para disipar las acusaciones o en su caso a preparar su defensa, quien en 2 años que gobernó Veracruz realizó diversas acciones que pudieron constituirse en delito.

De esta forma se enlistan por ejemplo, entre otros señalamientos contra Yunes Linares, los siguientes casos:

El 2 de octubre se dio a conocer que su gobierno “habría incurrido en un presunto daño patrimonial de casi 400 millones de pesos, según se desprende del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2017”.

Además, el documento elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) encontró inconsistencias por mil 102 millones 373 mil pesos en el gasto ejercido en 153 de los 212 municipios de la entidad.

En el caso de la administración pública estatal, las dependencias más señaladas son las secretarías de Agricultura, Desarrollo Social y Salud.

La Federación a través del Órgano de Fiscalización denunció el presunto desvío de varios miles de millones de pesos durante los dos años del mandato yunista.

El 3 de diciembre abogados del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, revelaron que el exgobernador de Veracruz, Yunes Linares, utilizó recursos públicos para comprar la casa en Woodlands, Texas, para que éste declarara en contra de Javier Duarte de Ochoa.

IMAGEN DE VERACRUZ dio a conocer con documentos probatorios cómo “Yunes Linares ordenó la transferencia de recursos públicos para adquirir el crédito vigente de la casa propiedad de Bermúdez Zurita en Texas con la financiera estadunidense AV Real State, LLC, con fondos que salieron desde la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del Estado de Veracruz.

Para liquidar el crédito de la propiedad que Bermúdez Zurita adquirió a plazos, Yunes Linares autorizó la salida desde la Sefiplan veracruzana de al menos 220 mil dólares estadunidenses, unos 4 millones 400 mil pesos, según el tipo de cambio del 21 de junio de este año”.

Días antes, el ya gobernador electo, Cuitláhuac García Jiménez, acusó que funcionarios de la administración de Miguel Ángel Yunes “repartieron” los bienes inmuebles decomisados al exgobernador, Javier Duarte, y a sus cómplices, como si fueran “piñata”.

Aquella vez, entrevistado en Xalapa, en el estacionamiento del Palacio Municipal, García Jiménez advirtió que, cuando asumiera funciones, habría una “revisión minuciosa” de las propiedades decomisadas a Duarte de Ochoa y de su destino posterior, pues existe la presunción de que hubo irregularidades en el proceso.

Posteriormente denunció también a SIN EMBARGO.COM que Yunes Linares, exgobernador de Veracruz, y Jorge Winckler, Fiscal General de la entidad, “son los corruptos y mentirosos que planearon liberar a Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública durante la gestión de Javier Duarte de Ochoa y a otros duartistas después del 1 de diciembre para culparlo a él”.

“¿Qué autoridad moral, legal, puede tener un Fiscal que le dice al gobernador Miguel Ángel Yunes que el asesino de la hija de la Diputada (Carmen Medel) se encontraba ya muerto y a los tres días aparece muerto otro que dicen que era El Richy? Ese es el Fiscal y Yunes: que digan quién miente”, había expresado Cuitláhuac.

Pese a todo esto, hasta el momento ni se ha logrado renunciar al Fiscal Winckler ni se ha procedido por los delitos cometidos, y menos se ha iniciado alguna carpeta de investigación contra el exgobernador Yunes Linares por los delitos en los que pudo haber incurrido.

 

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