lunes, 15 de julio del 2019
 
Por Edgar Murrieta González
Columna: Opinión
La muerte asistida
2019-03-22 | 21:03:06
Un tema muy controvertido y de difícil consenso de aceptación por la sociedad es el relativo a la muerte asistida que es el acto cuando por determinación médica, por petición expresa del paciente terminal o por solicitud de sus familiares, se decide inducir la muerte de la persona.

 

De acuerdo a fuentes especializadas consultadas, la muerte asistida abarca dos conceptos fundamentales: la eutanasia que, según la Organización Mundial de la Salud, es la acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente; y el suicidio asistido, que consiste en la asistencia a otra persona, que desea terminar con su vida, para que lo consiga. En el medio de la medicina, surgió también un tercer concepto denominado “muerte digna” que es el derecho que ostenta el paciente o sus familiares, si el enfermo está imposibilitado, que padece una enfermedad irreversible y cuyo estado de salud es terminal, de decidir y manifestar su deseo de rechazar procedimientos invasivos a su cuerpo.

 

La Constitución Federal de nuestro país garantiza el derecho humano a la protección a la salud que tiene como propósito fundamental que el Estado Mexicano proporcione el acceso efectivo y oportuno a la salud individual de toda persona. De esta manera el derecho a la salud tiene como finalidad fundamental hacer efectivo el derecho a la vida, pero no únicamente en la connotación biológica de la persona, sino en todos los aspectos relacionados con una vida digna y plena, por lo que para tal propósito fundamental la salud es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no sólo de la ausencia de enfermedades. Por ello, la negación u omisión de prestar un servicio médico u hospitalario a una persona con enfermedad terminal, atenta contra su derecho a la salud.

 

En relación con los conceptos antes descritos sobre la muerte asistida, en nuestro estado la eutanasia está expresamente prohibida por el artículo 134 del Código Penal al disponer que, quien prive de la vida a otra persona que padezca una enfermedad incurable y mortal en fase terminal, por petición expresa, libre, reiterada e inequívoca de la víctima, se le impondrán prisión de dos a cinco años y multa hasta de cien días de salario. Sin embargo, el concepto de “muerte digna” sí está permitido por el mismo precepto penal al disponer que no se procederá en contra de quien, a petición del cónyuge, ascendiente, descendiente, concubina, concubinario, adoptado, adoptante o hermano del paciente con muerte cerebral comprobada, prescinda de los medios artificiales que lo mantengan con vida. 

 

Respecto al concepto de suicidio asistido también está prohibido por dicho Código Penal al disponer en el artículo 148 que a quien induzca o ayude a otro al suicidio se le impondrán de tres a diez años de prisión y multa hasta de ochenta días de salario. 

 

De esta manera, el tema del final de la vida para personas en fase terminal se ha centrado en el derecho a la muerte digna y el respeto a la autonomía de la voluntad, es decir, sobre el tipo de atención que deseamos recibir, hasta qué momento queremos recibirla y si una persona tiene la potestad de decidir sobre la existencia de otra con independencia de su estado de salud. 

 

Mientras tanto, el Sistema Nacional de Salud de nuestro país debe cumplir con uno de los propósitos de la medicina consistente en la implementación y aplicación de modelos de calidad de atención médica y hospitalaria que garanticen que los enfermos reciban los tratamientos adecuados y oportunos, en un ambiente de respeto a la salud, a la vida y a la dignidad humana.

 

EDGAR MURRIETA GONZALEZ

Abogado

Comentarios: edgarmurrietag65@gmail.com /

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